El apagón eléctrico registrado el pasado 28 de abril ha tenido repercusiones económicas en el sistema eléctrico español, con un impacto directo en la factura de los consumidores. Según el experto en energía Manuel Fernández Ordóñez, la respuesta técnica implementada por Red Eléctrica de España (REE) para evitar nuevos colapsos ha introducido un sobrecoste estimado en más de 2.000 millones de euros para 2025. Este coste, derivado de la activación de una "operación reforzada" que incrementa el uso de centrales de gas, no se detalla de forma explícita en el recibo de la luz, sino que se integra en conceptos como peajes u otros cargos opacos.
La medida adoptada por REE consiste en aumentar la potencia síncrona en el sistema eléctrico, lo que implica un mayor uso de ciclos combinados (centrales térmicas de gas) para garantizar la estabilidad de la red ante la intermitencia de las energías renovables. Fernández Ordóñez explicó que este refuerzo no responde a criterios económicos o medioambientales, sino a una necesidad técnica tras el apagón.
El experto también señaló que el colapso del 28 de abril se debió a una combinación de factores, incluyendo un exceso de renovables sin respaldo suficiente y fallos en la programación de la red. Estos problemas ya habían sido identificados en 2020, pero no se actuó sobre ellos hasta después del incidente. Según Fernández Ordóñez, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantuvo bloqueado durante cinco años un expediente de revisión de los procedimientos técnicos, a pesar de las solicitudes de actualización por parte de REE.
Tras el apagón, el Gobierno mantuvo durante semanas la hipótesis de un posible ciberataque, aunque REE descartó esta posibilidad desde el primer momento. Fernández Ordóñez criticó esta postura, al considerar que desvió la atención de las causas reales del incidente.
Además, el experto cuestionó la estrategia de cierre de centrales nucleares, argumentando que estas proporcionaban la potencia síncrona necesaria para estabilizar el sistema. En su opinión, el modelo actual incrementa la dependencia del gas, eleva los costes para los consumidores y reduce la transparencia en la factura eléctrica.
