La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha determinado una retribución para la inversión en redes eléctricas que, según análisis del sector, podría no ser suficiente para garantizar el desarrollo de infraestructuras en todo el territorio. Este marco regulatorio busca equilibrar los costes y beneficios de las inversiones, pero expertos señalan que podría tener efectos no deseados en la distribución geográfica de las mismas.
La retribución establecida actúa como una señal económica para las empresas del sector, influyendo en sus decisiones de inversión. Cuando esta señal no cubre adecuadamente los riesgos o costes asociados, las compañías tienden a priorizar proyectos con mayor rentabilidad y retorno más rápido. Esto podría traducirse en una concentración de inversiones en áreas urbanas y polos industriales, donde la demanda ya existe, en detrimento de zonas rurales o menos pobladas, donde la infraestructura es necesaria para generar nueva demanda.
El resultado de este enfoque podría perpetuar un círculo vicioso: la falta de inversión limita el desarrollo de nuevas actividades económicas, lo que a su vez reduce la demanda y justifica la ausencia de nuevas inversiones. Este escenario afectaría especialmente a regiones con menor densidad poblacional, donde la modernización de la red eléctrica es clave para evitar la marginalización productiva y social.
La CNMC, como organismo regulador, tiene la responsabilidad de garantizar un marco que fomente la eficiencia y la equidad en el acceso a infraestructuras críticas. Sin embargo, la decisión actual plantea interrogantes sobre su capacidad para equilibrar estos objetivos con la necesidad de atraer capital privado. La falta de inversión en redes eléctricas podría ralentizar la transición energética y profundizar las desigualdades territoriales, contradiciendo los objetivos de cohesión y sostenibilidad promovidos por las administraciones públicas.
Fuentes del sector energético indican que, para evitar estos efectos, sería necesario un marco regulatorio que incentive la inversión en zonas con menor demanda, asegurando que la modernización de la red eléctrica no quede relegada a áreas con mayor rentabilidad inmediata. La cuestión central radica en si la retribución fijada por la CNMC logra este equilibrio o, por el contrario, consolida un modelo que prioriza la rentabilidad a corto plazo sobre la planificación estratégica y la equidad territorial.
