Según los datos publicados mensualmente por el Banco de España, la deuda de las Administraciones Públicas (AAPP) se situó en octubre en 1,6932 billones de euros. Este valor representa un aumento de 535.863 millones de euros desde diciembre de 2018, cuando el actual Gobierno asumió el poder. El incremento diario promedio de la deuda en este período asciende a 197,74 millones de euros, lo que equivale a 6.000 millones mensuales o 8,5 millones por hora, según las cifras oficiales.
El Banco de España señala que, aunque en octubre se registró una reducción de 16.100 millones de euros en la deuda, esta variación se debe a diferencias en los plazos de amortización y refinanciación, no a una disminución real del endeudamiento. La deuda pública sigue superando el 100% del PIB, situándose en el 101,7% en octubre, un porcentaje que no se ha logrado reducir pese al aumento de ingresos derivado de la inflación y la revisión al alza del PIB por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El déficit público, que se mantiene como el principal factor de crecimiento de la deuda, no ha mostrado una reducción significativa en los últimos años. En 2022, a pesar de un incremento de ingresos de más de 30.000 millones de euros, el déficit solo se redujo dos décimas respecto al objetivo inicial. En 2023 y 2024, la disminución del déficit se atribuye principalmente al aumento de ingresos por inflación y a la revisión extraordinaria del PIB, no a un ajuste en el gasto público, que ha continuado creciendo.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido sobre la aceleración del gasto público y ha recomendado medidas para corregirlo en aproximadamente 5.000 millones de euros. Además, el déficit estructural de España se sitúa en torno al 4% del PIB, un nivel que la Comisión Europea considera preocupante debido al desequilibrio que representa para la economía.
El Gobierno ha fijado un techo de gasto no financiero para 2026 que supera en casi 100.000 millones de euros el registrado al inicio de la legislatura. Este aumento del gasto estructural, junto con presiones adicionales como el desequilibrio en la Seguridad Social, podría agravar la situación fiscal. La posible aplicación del concierto económico en Cataluña también podría reducir los ingresos de la Administración General del Estado en decenas de miles de millones de euros, incrementando aún más el déficit.
El endeudamiento creciente plantea riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas, especialmente si el Banco Central Europeo (BCE) reduce su compra de deuda. Los intereses de la deuda podrían limitar la capacidad del Estado para financiar servicios esenciales, según advierten diversos organismos.
