En un reciente discurso, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, advirtió que, tras un complicado 2025, el año 2026 podría presentar desafíos aún mayores para Europa. Aunque estas declaraciones se refieren al contexto italiano, diversos analistas coinciden en que podrían aplicarse a otros países de la Unión Europea, incluyendo España, donde se prevén dificultades significativas en varios ámbitos.
En el plano económico, se espera un deterioro continuo, con especial impacto en sectores como la vivienda, donde los precios y la accesibilidad podrían agravarse. A nivel político e institucional, se anticipa una profundización de la inestabilidad, con un aumento de casos de corrupción y tensiones derivadas de las negociaciones con formaciones nacionalistas, cuyas demandas podrían condicionar la gobernabilidad.
En el ámbito judicial, se han señalado posibles procesos legales que podrían afectar a figuras destacadas del actual Gobierno y del partido en el poder, incluyendo a familiares directos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como a altos cargos del PSOE. Estos procesos, de materializarse, podrían influir en la dinámica política y en la capacidad de aprobación de iniciativas legislativas, como los Presupuestos Generales del Estado.
Además, se prevé un escenario de creciente complejidad en las relaciones parlamentarias, con dificultades para alcanzar acuerdos en el Congreso de los Diputados. Este contexto podría limitar la capacidad de actuación del Gobierno y aumentar la incertidumbre en la gestión pública.
Estas proyecciones se basan en tendencias actuales y en declaraciones de actores políticos, sin que exista certeza sobre su desarrollo concreto. No obstante, reflejan los desafíos estructurales que enfrenta el país en los próximos años.
