En 2021, el Gobierno español concedió una ayuda de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La decisión, adoptada en el contexto de la pandemia de COVID-19, fue cuestionada por varias formaciones políticas y organizaciones, que señalaron que la compañía no cumplía los criterios para ser considerada "estratégica" debido a su reducido tamaño, escasa operatividad y dudosa viabilidad económica. Según datos públicos, Plus Ultra representaba el 0,03% de los vuelos nacionales y acumulaba pérdidas superiores a 13 millones de euros antes de la pandemia.
La concesión de la ayuda fue investigada judicialmente tras una denuncia de Vox, que alegó posibles delitos de malversación y prevaricación. La causa, que ha tenido varios archivos y reaperturas parciales, fue finalmente archivada en 2023 por plazos procesales. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción mantuvo abiertas diligencias para analizar si parte de los fondos pudieron ser desviados o utilizados en operaciones de blanqueo de capitales con conexiones en España, Francia y Suiza.
En diciembre de 2025, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvo al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y al CEO, Roberto Roselli, en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales. La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, incluyó registros en la sede de la aerolínea y la incautación de documentación fiscal, servidores y dispositivos electrónicos. Esta causa es independiente de la investigación sobre el rescate de 53 millones, aunque ambas comparten vínculos con posibles irregularidades financieras.
Documentación judicial revela que uno de los fundadores de Plus Ultra, Fernando Isidoro González Enfedaque, fue condenado en febrero de 2020 por fraude fiscal junto al exsenador del PNV y exdirector de la Hacienda de Gipuzkoa, Víctor Bravo. González fue sentenciado a once meses y 29 días de prisión, mientras que Bravo recibió una condena de siete años de cárcel por su participación como cooperador necesario en tres delitos fiscales. Ambos fueron multados con 3,1 millones de euros y condenados a pagar 1,5 millones a la Agencia Tributaria. Además, Bravo fue inhabilitado para obtener subvenciones o ayudas públicas durante tres años.
El caso, conocido como "Glass Costa Este Salou", se remonta a los años 2003, 2004 y 2006, cuando González, como administrador de una promotora inmobiliaria, estableció ficticiamente su domicilio fiscal en Gipuzkoa para beneficiarse de incentivos fiscales vascos, pese a residir habitualmente en Cataluña. La sentencia confirmó que la gestión administrativa y dirección de la empresa seguían radicando en Cataluña, no en el País Vasco.
Tras la condena, Plus Ultra destituyó a González como representante de la sociedad FlySpain y como consejero de Welcoming Internacional, S.L., otra empresa con participación en la aerolínea. La comunicación de la destitución fue realizada por Rodolfo José Reyes Rojas, representante de la sociedad Snip Aviation, vinculada al régimen venezolano y propietaria de más del 45% del capital de Plus Ultra.
La vicepresidenta de Hacienda y responsable última de la SEPI, María Jesús Montero, autorizó el pago del rescate a pesar de conocer la condena por fraude fiscal de González, según fuentes judiciales. La Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, tenía constancia de esta sentencia antes de la aprobación de la ayuda.
