El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha remitido documentación al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid en la que reconoce un pago de 15.612,04 euros brutos a Leire Díez durante el año 2017 por servicios periodísticos prestados al PSOE de Cantabria. En la misma documentación, el partido señala que Díez "no ha tenido relación laboral ni consta que haya ocupado cargos orgánicos dentro del partido", aunque sí fue concejal en el Ayuntamiento de Vega de Pas (Cantabria) entre 2011 y 2015 por el Grupo Municipal Socialista.
Según los documentos aportados, Díez se dio de alta como militante socialista el 18 de abril de 2006 en la agrupación de Portugalete (Vizcaya) y posteriormente en la de Vega de Pas, causando baja el 4 de junio de 2025. El juez instructor había solicitado al PSOE información sobre su afiliación, posibles cargos desempeñados y remuneraciones recibidas.
Leire Díez se encuentra investigada en el marco de una causa dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, junto a otras personas, por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, malversación y pertenencia a organización criminal. La Fiscalía Anticorrupción participa en la investigación, que incluye el bloqueo de cuentas bancarias de Díez y otros dos investigados, Vicente Fernández y Antxon Alonso, ordenado por el juez Antonio Piña.
La Guardia Civil detuvo a Díez, Fernández —expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi)— y Alonso el pasado 10 de diciembre en una operación relacionada con presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Según las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los investigados formarían parte de un grupo denominado "Hirurok", que habría influido en expedientes de la Administración pública en beneficio propio o de terceros.
El juez instructor considera que Díez lidera una "actuación delictiva, continuada y coordinada" con el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, también investigados, para obtener información con el fin de obstaculizar investigaciones en casos que afectan a políticos y empresarios. Díez declaró ante el juez el 17 de noviembre, negando vínculos con el PSOE y afirmando que sus reuniones con el exsecretario de Organización del partido, Santos Cerdán, fueron en calidad de periodista.
En su declaración, Díez detalló su trayectoria laboral, incluyendo su paso por la Empresa Nacional del Uranio (Enusa) entre 2018 y 2021 y su posterior incorporación a Correos como jefa de Relaciones Institucionales. Tras su detención, el juez impuso medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y comparecencias quincenales en sede judicial.
El juez también ha solicitado a la Comisaría General de Policía Científica que mejore el audio de una grabación aportada por el fiscal Ignacio Stampa sobre una reunión con Díez o, en su defecto, proceda a su transcripción. Asimismo, se ha pedido determinar si otra grabación, relacionada con una reunión con el imputado Alejandro Hamlyn, fue realizada por un asistente o un tercero.
