El Gobierno ha aprobado un conjunto de medidas económicas que entrarán en vigor en las próximas semanas, según fuentes oficiales. Entre las iniciativas destacan bonificaciones en impuestos locales, ayudas directas a familias y subvenciones a sectores específicos, con un coste estimado que supera los 2.000 millones de euros para 2023, según cálculos preliminares del Ministerio de Hacienda.
El paquete, anunciado en vísperas de un periodo electoral, incluye reducciones temporales en el IRPF para rentas bajas y medias, así como exenciones en tasas municipales para pequeños comercios. El Ejecutivo justifica estas medidas como «apoyo a la recuperación económica y al poder adquisitivo de los ciudadanos», aunque no ha detallado su impacto en el déficit público, que cerró 2022 en el 4,8% del PIB, por encima del objetivo del 3,9% pactado con la Comisión Europea.
Analistas independientes, como el Instituto de Estudios Económicos (IEE), han señalado que la financiación de estas medidas podría requerir ajustes en otras partidas presupuestarias o un aumento del endeudamiento. «En un contexto de inflación persistente y tipos de interés elevados, estas iniciativas podrían generar tensiones en las cuentas públicas sin garantizar un efecto duradero en la economía real», declaró un portavoz del IEE.
Por su parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha recordado que, según su último informe, el margen fiscal para 2023 es limitado y cualquier nueva medida de gasto debe estar acompañada de un plan de financiación claro. Hasta la fecha, el Gobierno no ha presentado un desglose detallado de cómo compensará el coste de estas iniciativas.
La oposición ha criticado el momento del anuncio, a pocos meses de las elecciones autonómicas y municipales, acusando al Ejecutivo de utilizar recursos públicos con fines electorales. Desde el Gobierno se defiende que las medidas responden a «necesidades sociales urgentes» y que su diseño ha sido consensuado con agentes sociales y económicos.
El Ministerio de Hacienda ha asegurado que publicará un informe de impacto presupuestario en las próximas semanas, aunque no ha especificado una fecha concreta. Mientras tanto, organizaciones como Transparencia Internacional han instado a garantizar que la ejecución de estas medidas cumpla con los principios de transparencia y rendición de cuentas, especialmente en lo relativo a la adjudicación de subvenciones y ayudas.
