El Gobierno de Pedro Sánchez ha adoptado durante este año una serie de medidas que incrementan la capacidad de intervención estatal en empresas privadas y otras instituciones. Según fuentes oficiales, estas iniciativas buscan alinear el funcionamiento de determinados sectores con políticas públicas prioritarias, aunque han generado debate sobre su alcance y efectos en la independencia de las compañías y los equilibrios institucionales.
Entre las acciones destacadas se incluyen reformas regulatorias que otorgan al Ejecutivo mayor influencia en la toma de decisiones de empresas estratégicas, así como modificaciones en órganos de supervisión. Estas medidas han sido justificadas por el Gobierno como necesarias para garantizar objetivos de interés general, como la transición ecológica o la cohesión social.
Sin embargo, sectores críticos señalan que estas intervenciones podrían limitar la autonomía del sector privado y alterar la separación de poderes. Analistas independientes, como Rubén Arranz —citado en un programa de análisis de Libertad Digital—, han cuestionado los mecanismos empleados y su posible impacto en la competitividad y la seguridad jurídica.
El Gobierno no ha proporcionado, hasta el momento, un informe detallado sobre los costes económicos o los beneficios esperados de estas medidas, ni ha especificado los criterios para evaluar su eficacia. La falta de transparencia en la justificación técnica de algunas decisiones ha sido otro de los puntos de controversia.
Organizaciones empresariales y juristas han solicitado mayor claridad en los límites de estas intervenciones, así como un debate público sobre su conveniencia. Hasta la fecha, el Ejecutivo no ha anunciado planes para revisar o ajustar las medidas en respuesta a estas demandas.
