Agricultores de distintos países de la Unión Europea (UE) han intensificado sus protestas en las últimas semanas, bloqueando carreteras y organizando manifestaciones en ciudades clave. Las movilizaciones responden a lo que consideran un exceso de regulaciones ambientales, burocracia y competencia desleal con productos importados de terceros países, que afectan su rentabilidad y viabilidad económica.
Entre las demandas principales destacan la revisión de la Política Agraria Común (PAC), la flexibilización de normas medioambientales y la aplicación de aranceles a productos agrícolas extranjeros que no cumplen con los mismos estándares exigidos a los productores europeos. Las protestas han tenido especial repercusión en países como Francia, Alemania, España y Polonia, donde el sector agrícola tiene un peso significativo en la economía.
La Comisión Europea ha reconocido las dificultades del sector, pero ha defendido que las políticas actuales buscan garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Hasta el momento, no se han anunciado medidas concretas para responder a las demandas de los agricultores, aunque se han abierto mesas de diálogo con representantes del sector.
Las protestas coinciden con un contexto de inflación en los costes de producción, precios bajos en origen y creciente presión por parte de distribuidores y supermercados. Según datos de la organización agraria COPA-COGECA, los ingresos de los agricultores en la UE han caído un 8% en el último año, mientras que los costes energéticos y de fertilizantes han aumentado más de un 30% desde 2021.
El conflicto pone de manifiesto las tensiones entre los objetivos climáticos de la UE y la realidad económica de un sector clave para la seguridad alimentaria del continente.
